viernes, diciembre 01, 2006

La credencial universal que nunca llegó

La posibilidad de tener una credencial única que sirviera para identificarse, realizar trámites oficiales, pagar impuestos y hasta recibir remesas del extranjero, se extinguió una vez más por la renuencia de las instancias afectadas, que al no aprobar este proyecto a tiempo, lo dejaron a la voluntad del siguiente gobierno.

Claudia Altamirano

Credencial para votar. Registro Federal de Causantes. Número de seguridad social. Licencia para conducir, tarjeta Tributaria, cédula profesional... todos trámites separados, de diferentes instituciones y con credenciales individuales. Una iniciativa presentada en comisiones del Senado pretende unirlos a todos en una credencial oficial que permitiera, a través de un número único de identidad, realizar cualquier trámite con un solo documento universal.

Esta credencial es ya de uso común en los Estados Unidos, donde el carnet de seguridad social sirve como identificación oficial para realizar trámites bancarios, cobrar salarios, rentar autos y expedir otros documentos oficiales. En el caso de México, el proyecto de credencial universal prevé que a través de ella se pueda también recibir remesas, pagar impuestos, solicitar facturas y acceder a servicios de salud. Todo con un solo plástico digitalizado.

Empero, este proyecto de simplificación administrativa, que ha intentado concretarse varias veces en el pasado, perdió una batalla más en este sexenio, al no poder convertirse ni siquiera en un dictamen. La renuencia de las instancias para dejar toda la información de los ciudadanos en manos del Registro Nacional de Población, dependiente de la Secretaría de Gobernación, canceló esta posibilidad.

Con el último día de trabajo de la LIX Legislatura del Congreso, se desvaneció la posibilidad de que esta iniciativa subiera a la tribuna del Senado para su discusión, pues ni siquiera al interior de la comisión de Población y Desarrollo hubo consenso entre los partidos para presentarla y convertirla en dictamen.

El más reciente intento para llevar a cabo un proyecto similar fue la adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP), cuyo acuerdo fue publicado en octubre de 1996 y que pretendía otorgar a la ciudadanía una llave única con la que pudiera identificarse en todos los registros de población.

El solicitante no recibía credencial oficial con la CURP, sino un papel simple con la clave que, posteriormente, sería requerida para incluirla en otros trámites como el RFC y la cédula profesional. Aunque su objetivo era simplificar trámites, la clave única nunca se convirtió en identificación oficial ni se expidió una credencial única con la clave, que sirviera para todas las dependencias.

Larga historia

La intención de realizar un registro e identificación de todos los habitantes del país es un tema viejo que sigue sin poder modernizarse. La información de cada ciudadano ha estado en manos de la Secretaría de Gobernación desde 1936, cuando se creó la Dirección General de Población, que se convertiría, en 1980, en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, dependiente de la Segob. Empero, la creación de ninguna de estas oficinas y registros ha dado como resultado la expedición de una identificación oficial con fotografía que contenga todos los datos de su propietario.

La credencial para votar ha sido considerada como identificación oficial desde 1990, cuando el IFE obtuvo su autonomía y generó una credibilidad absoluta en la ciudadanía; quien reconoció a partir de entonces a la credencial de elector como instrumento universal de identificación. Sin embargo, el artículo octavo transitorio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), estableció que esta medida sería temporal y que para el año 2000 debería existir un nuevo instrumento de identificación oficial, deslindado ya de la credencial de elector; a fin de que ésta última se utilizase exclusivamente en los procesos electorales.

"Durante el primer semestre de 1997, la Secretaría de Gobernación publicará el acuerdo mediante el cual dará a conocer el programa para el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la correspondiente cédula de identidad ciudadana, con vistas a su utilización en el proceso electoral federal del año 2000, realizándose en su oportunidad las modificaciones legales necesarias para regularizar las adecuaciones pertinentes al actual Registro Federal de Electores", dicta el artículo.

Esto significa que la credencial de elector es hoy una identificación reconocida en todo el país pero, técnicamente, ya no es oficial, al haber expirado esta facultad hace casi 6 años; lo que muestra la necesidad de un nuevo documento de identificación oficial, expedido, esta vez, por quienes cuentan con el registro de cada ciudadano mexicano y no sólo de los votantes: el INEGI o el RENAPO.

"Usos y costumbres"

El promotor de la credencial inteligente, el senador Alfredo Reyes, asegura que el freno a este proyecto ha sido la discordancia entre partidos al interior de la comisión de origen pero, sobre todo, la lenta (y en algunos casos) nula respuesta que obtuvo de las secretarías que resultarían involucradas en este proyecto: Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, Registro Nacional de Población, Instituto Federal Electoral e Instituto Mexicano del Seguro Social.

El panista, quien presentó la iniciativa en la tribuna de la Cámara Alta el 28 de abril de 2005, asegura que las partes involucradas han mostrado cierto recelo ante la posibilidad de que toda la información ciudadana sea manejada nuevamente por Gobernación, pero más allá de eso, se rehusan a cancelar todas las credenciales existentes para crear una nueva.

En el caso del Instituto Federal Electoral, su director jurídico, Fernando Agiss, envió una carta al senador el 30 de agosto de 2005 en la que argumenta que, pese a no encontrar impedimentos jurídico- legales para llevar a cabo la iniciativa, antes debe revisarse si el IFE estaría listo para emitir nuevas credenciales antes del 2 de julio; así como verificar "qué tantas medidas de seguridad contendría el documento en el que se expida el Número Único de Identidad, a fin de que se evite la falsificación del mismo o posibles errores que tengan que ser corregidos".

Así, el jurídico del IFE no negaba ni aprobaba este proyecto, por lo que el legislador habló directamente con los consejeros Virgilio Andrade y Rodrigo Morales, quienes le señalaron que no era un buen momento para una reforma de este tipo, por la cercanía con el proceso electoral y basaron su negativa en los "usos y costumbres" de la población, es decir, que históricamente quien ha tenido la autoridad y credibilidad para emitir esa credencial ha sido el IFE, al contar con la confianza ciudadana de que no se hará mal uso de ese documento.

"Lo que pido es que pasemos de los 'usos y costumbres', como dijo el IFE, al fiel cumplimiento de la ley. Hoy ni la segob ni el IFE la están cumpliendo, porque el COFIPE dice que quien emitirá la credencial de identidad será el estado, no el IFE. El vehículo oficial trató de ser el CURP, pero quedó muy chiquito, debemos pasar de un número a una cédula de identificación oficial", precisó el senador.

Entrevistado en torno a este tema, el consejero Virgilio Andrade rechazó haber argumentado los "usos y costumbres de la población" y precisó que la negativa para este proyecto se basa, exclusivamente, en la imposibilidad de expedir nuevas credenciales de elector en plena campaña. "No es el momento adecuado (...) es un tema que requiere de una gran reflexión y de revisar si hay un marco constitucional adecuado. La intención puede ser adecuada pero el tiempo no", puntualizó el consejero electoral.

Indiferencia

Para que el proyecto pudiera, al menos, discutirse en el pleno de Xicoténcatl, requería el visto bueno de las dependencias involucradas, específicamente la firma del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Lauro López, quien hasta el momento no dió al senador una respuesta definitiva, lo que provocó que ya no fuera posible presentarla, al menos, en este sexenio.

"Carlos Anaya (director del RENAPO) me dio la bien y luego el subsecretario (López) me dio el avión, porque me dijo que si a todo, que nadamás le diera tiempo para que CONAPO y luego Migración aceptaran, que por él no había problema. Dijo que tenía que consultarlo con Dionisio (subsecretario de Enlace Legislativo), yo traté de juntar todas las partes pero Dionisio canceló el día que teníamos reunión con el IFE", relató el legislador.

Otra de las instancias que rechazaron este proyecto fue la Secretaría de Hacienda, misma que tendría que reorganizar los recursos que se asignan, a cada secretaría, para la emisión de credenciales. Según el senador Reyes, para Hacienda resulta "inadmisible" este proyecto, aun cuando el Servicio de Administración Tributaria de dicha secretaría cuenta ya con su propia tarjeta digitalizada, conocida como "tributaria".

Como parte de los cabildeos que realizó el legislador, se consultó a diversas empresas especializadas en fabricación de credenciales, para estimar cuánto costaría la credencial al gobierno federal, resultando en un promedio de 6 dólares por cada plástico; mismo que contendría la fotografía y huella digital del propietario, así como un chip con todos los números de identidad que hasta el momento hubiese tenido el ciudadano: RFC, IMSS ó ISSSTE, Registro Civil, CURP, etc.

"Porque no pensar en una credencial inteligente que sirviera, además de para pagar impuestos, para inscribir a ese individuo al Seguro Social, al programa Oportunidades? Además, con un banco de datos se evitan los fraudes en la aplicación de los programas, porque hay muchas personas que se inscriben a varios programas al mismo tiempo, o mienten en sus declaraciones para ser acreedores a un apoyo".

Así, el proyecto de simplificar la tramitología que los ciudadanos deben realizar a través de una credencial digital universal, que les permitiera incluso recibir dinero del extranjero sin pagar altas comisiones bancarias, se fue con la 59 Legislatura y con el sexenio. A pesar de ser un proyecto que puede llevar a cabo el INEGI, un órgano descentralizado que trabaja independientemente del gobierno en turno, no fue posible presentarla a tiempo para que, de aprobarse, se realizaran las reformas pertinentes y entrara en vigor después del 3 de julio. Su única posibilidad es que, al iniciar la LX Legislatura, los recién electos diputados la descongelen y repitan todo el proceso de cabildeo ante el nuevo gobierno federal.
(No publicado, entregado a El Universal el 4 de mayo de 2006)

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